El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) manifestó su respaldo al proyecto de ley N.° 24.582, el cual permitiría que instituciones públicas puedan colaborar mediante donaciones, con la Asociación Obras del Espíritu Santo, organización que brinda atención a poblaciones vulnerables en Costa Rica, principalmente niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza.
La propuesta, titulada “Ley para Autorizar al Estado y a Cualesquiera Instituciones Públicas a Colaborar y Realizar Donaciones a la Asociación Obras del Espíritu Santo”, ya fue dictaminada de forma positiva en la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración y se encuentra a la espera de ser conocida en primer debate en el plenario legislativo.
De aprobarse, permitiría a ministerios, instituciones autónomas, empresas públicas, municipalidades y otros entes del sector público —sin importar su figura jurídica— realizar donaciones en forma de bienes muebles, inmuebles, servicios, recursos económicos, derechos u otros elementos útiles para el cumplimiento de los fines sociales de la Asociación.
Todas las donaciones estarán sujetas a mecanismos de control interno y fiscalización por parte de la Contraloría General de la República, con el objetivo de garantizar la transparencia en el uso de fondos y recursos públicos.
“La Asociación Obras del Espíritu Santo se ha dedicado durante años a brindar un apoyo integral a la niñez y juventud costarricense. Este tipo de iniciativas fortalecen el trabajo que ya realizan organizaciones privadas con impacto social comprobado, y contribuyen a una meta central de esta administración: erradicar la pobreza extrema en todas sus formas”, expresó la ministra de Planificación, Martha Eugenia Esquivel.
La iniciativa llega en un contexto donde el Gobierno busca alianzas estratégicas con sectores no estatales para ampliar la cobertura de atención social, especialmente en comunidades de alta vulnerabilidad.
Obras del Espíritu Santo es ampliamente reconocida en el país por brindar alimentación, albergue, asistencia espiritual, actividades recreativas y programas educativos a miles de menores en situación de riesgo social. El proyecto de ley plantea que el Estado reconozca formalmente este aporte y permita que las instituciones puedan colaborar activamente con su sostenimiento y expansión.
