Legisladores nicaragüenses leales al presidente Daniel Ortega aprobaron este lunes una ley que permite al Estado hacerse cargo de seis universidades que el Gobierno cerró la semana pasada.
Dentro de los centros universitarios privados se incluye a la Universidad Politécnica de Nicaragua, que fue el semillero de manifestaciones estudiantiles antigubernamentales en 2018.
Cabe mencionar que, estudiantes y centros de educación superior jugaron un papel importante durante las protestas hace cuatro años en todo el país, pues fueron una amenaza para el gobierno de Ortega.
“El Consejo Nacional de Universidades (CNU) garantizará la continuidad de los estudios de los 14.000 estudiantes (de las universidades clausuradas)”, dice la iniciativa, que había sido enviada por Ortega con carácter de urgencia al Congreso.
De acuerdo con Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire, una de las instituciones afectadas, ligó la medida a aquellas protestas contra Ortega.
“Nos quitan la universidad porque hicimos lo correcto en 2018: estar al lado de nuestros estudiantes”, afirmó Meza.
El Gobierno de Nicaragua ha despojado a seis universidades extranjeras de sus permisos de operación, argumentando que habían violado la ley.
“Es un intento por acabar con el pensamiento crítico”, afirmó a Reuters María Asunción Moreno, profesora de derecho constitucional.
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han buscado presentar a sus opositores como traidores y han aprobado leyes que permiten encarcelar a quienes critican a su gobierno.
Los centros de estudio jugaron un rol trascendental en las protestas de 2018, en las que murieron más de 300 personas, según informes de la Organización de los Estados Americanos, OEA.
