WASHINGTON— En una medida muy esperada, la Corte Suprema de los EE. UU. anuló un fallo de medio siglo de antigüedad que establecía el derecho constitucional al aborto, dejando que los estados decidieran si permitir o no el procedimiento.
El fallo del viernes de la mayoría conservadora del tribunal superior se produjo menos de dos meses después de que se filtrara un borrador inicial de la decisión a un sitio de noticias, lo que desencadenó protestas en todo el país por parte de activistas por el derecho al aborto.
Si bien la revocación del fallo de 1973 del tribunal superior en el caso conocido como Roe v. Wade y un caso separado llamado Planned Parenthood v. Casey no impone una prohibición al aborto, su impacto legal se extenderá por todo el país casi de inmediato.
El Instituto Guttmacher, un grupo de investigación a favor del aborto, estima que 26 estados, principalmente en el sur y el medio oeste, prohibirán el aborto tras la derogación de Roe v. Wake. Eso podría obligar a millones de mujeres que buscan un aborto a viajar a estados donde el derecho al aborto está protegido.
El fallo de la Corte Suprema se produjo en un caso seguido de cerca que involucra una ley de Mississippi que prohíbe casi todos los abortos después de la semana 15 de embarazo, varias semanas antes de la etapa límite establecida en Roe v. Wade.
Jackson Women’s Health Organization, la única clínica de aborto en Mississippi, impugnó la ley de 2018 en un tribunal federal, argumentando que violaría casi 50 años de precedentes en la Corte Suprema.
Después de que dos tribunales inferiores se pusieran del lado de la clínica, el estado de Mississippi, respaldado por otros 25 estados controlados por republicanos, acudió a la Corte Suprema y pidió a los jueces que revocaran tanto a Roe como a Casey. Su petición afirmaba que “nada” en la constitución “respalda el derecho al aborto”.
Seis de los jueces del tribunal superior, todos designados por presidentes republicanos, estuvieron de acuerdo.
“La Constitución no hace referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, incluido… el debido proceso de la Enmienda 14”, escribió el juez conservador Samuel Alito en la opinión mayoritaria.
La 14ª Enmienda dice que ningún estado puede “privar a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”.
Esa disposición ha sido invocada por la Corte Suprema en las últimas décadas para afirmar derechos no mencionados explícitamente en la Constitución, como el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero Alito argumentó que “cualquier derecho de este tipo debe estar ‘profundamente arraigado en la historia y la tradición de esta nación'”.
“El derecho al aborto no entra dentro de esta categoría”, escribió en el borrador filtrado.
En lugar de la Corte Suprema, los estados deberían decidir si permiten o prohíben el aborto, dijo la opinión.
Los tres jueces liberales de la corte, junto con el presidente del Tribunal Supremo conservador John Roberts, disintieron.
Pocos temas en Estados Unidos son tan divisivos como el aborto. Durante los últimos 50 años, los conservadores estadounidenses, impulsados por el deseo de proteger la vida no nacida, han hecho campaña contra el fallo sobre el aborto de Roe v. Wade. Pero carecieron de los votos en el tribunal superior para anularlo.
Eso cambió después de que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2016 y puso a tres jueces antiaborto en el tribunal superior. Eso le dio a los conservadores una gran mayoría de 6-3 en el poderoso tribunal, lo que aumenta la probabilidad de que los jueces conservadores anulen el fallo sobre el aborto.
Generalmente, la Corte Suprema sigue los principios establecidos en sus sentencias anteriores, una doctrina conocida como stare decisis. Los jueces disidentes escribieron que el fallo violó este precepto legal de larga data.
Pero Alito dijo que hay circunstancias en las que un precedente tiene y puede ser revocado. En un fallo histórico de 1954, por ejemplo, la Corte Suprema invalidó una decisión de 1896 que había legalizado la segregación racial en los Estados Unidos, señaló Alito.
Alito escribió que el fallo de la corte se limitaba al aborto y no afectaría otros derechos. Pero a los críticos liberales de la decisión les preocupa que la decisión abra la puerta a la revocación de otros derechos reconocidos por la Corte Suprema.
“Si anulas una ley en base a un desacuerdo fundamental con el razonamiento legal que la sustenta, exactamente los mismos argumentos permitirán que se revoque la otra decisión”, dijo Caroline Fredrickson, profesora de derecho en la Universidad de Georgetown y miembro sénior de la Centro Brennan para la Justicia de tendencia izquierdista.
El fallo se produjo menos de dos meses después de que se filtrara un borrador inicial de la opinión a un sitio de noticias políticas, lo que generó elogios y críticas en todo el espectro político.
Mientras que los activistas y políticos antiaborto elogiaron el proyecto de opinión como una “victoria para la vida humana”, sus homólogos liberales lo condenaron como un ataque a los derechos reproductivos y otros derechos de privacidad.
Anticipándose al fallo, los estados de todo el país, dependiendo de las inclinaciones ideológicas de sus legislaturas, han estado cambiando sus reglas sobre el aborto.
En los estados conservadores, además de aprobar las llamadas “leyes de activación” diseñadas para entrar en vigor después de que se revoque Roe, los legisladores se han movido para endurecer las restricciones sobre el aborto, y Oklahoma promulgó una ley en marzo que prohíbe el aborto en cualquier momento durante el embarazo.
Por su parte, los estados políticamente más liberales han respondido aprobando legislación para expandir el acceso al aborto, y algunos estados están considerando leyes que permitirían a las enfermeras llevar a cabo el procedimiento.
El fallo de la corte se produce a pesar de la creciente aceptación pública del aborto. Una encuesta de Gallup realizada después de que se filtrara el proyecto de decisión de la corte en mayo indicó que el 55 % de los estadounidenses se identificaron como “pro derecho a decidir”, el nivel más alto de tal sentimiento desde mediados de la década de 1990.
Aún así, el aborto sigue siendo un tema políticamente divisivo que probablemente perdurará mucho más allá de la muerte de Roe. Los grupos a favor del derecho al aborto se están preparando para desafiar las nuevas prohibiciones y restricciones estatales en los tribunales estatales, lo que desencadena largas batallas legales.
“Parte del problema es que tienes que encontrar algunas protecciones dentro de las constituciones estatales para presentar estos casos”, dijo Elizabeth Nash, analista de políticas estatales del Instituto Guttmacher.
Para complicar los esfuerzos por desafiar las prohibiciones estatales del aborto, cuatro estados (Alabama, Luisiana, Tennessee y Virginia Occidental) aprobaron enmiendas constitucionales que dicen que la constitución estatal no reconoce el derecho al aborto, anotó Nash. En otros dos, Kansas y Kentucky, se espera que los votantes voten sobre el tema a finales de este año.
