La Sala Constitucional ordenó al alcalde de San José, Diego Miranda, a que dé respuestas claras en 10 días sobre los cuestionamientos realizados por la auditoría de la Municipalidad y de la regidora Iztarú Alfaro Guerrero. En relación a los más de ¢600 millones que el municipio dejará de percibir por los errores en torno a la contratación de un sistema de parquímetros para el cantón de San José.
Según el comunicado de la Sala IV para el alcalde de San José, señala lo siguiente por aclarar:
- ¿De quién o de dónde surge la decisión de dejar de cobrar por el servicio de parquímetros?
- ¿Cuál es el criterio técnico para tomar la decisión de remover la empresa de parquímetros que estaba brindando el servicio?
- ¿Por qué se tramitó otra licitación para la atención de parquímetros, si era público y notorio que estaba pendiente de resolución un recurso de apelación en la Contraloría General de la Republica?
- ¿Por qué un mes después de haberse resuelto por la Contraloría General de la República el Recurso de la empresa que brindaba el servicio y que obligaba a su contratación, la Administración no ha tomado una decisión, a pesar de las pérdidas que eso ha traído?
- ¿Quién va a asumir las pérdidas de recaudación que la Municipalidad de San José está
sufriendo?, ¿existe algún proceso disciplinario por ello? - ¿Ya se tomó previsión para los días venideros donde, por ampliación de plazo para decidir sobre el tema,
la Municipalidad de San José no. percibirá ingresos por recaudación de parquímetros?
Al principio de su gestión el alcalde Miranda intentó hacer un cambio en el proveedor del servicio de parquímetros, dejó a la capital sin el servicio. Ante eso, la Municipalidad de San José ha dejado de percibir ingresos por este servicio. Ahora deberá aclarar todas las preguntas sobre los parquimetros en la capital.
