La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se pronunció en contra del proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio que propone una licencia menstrual remunerada para personas que sufran síntomas incapacitantes durante su menstruación. El proyecto no solo aplicaría a mujeres, sino también a cualquier persona que se autodefina como “menstruante”, incluyendo personas trans y no binarias.
En un documento de 12 páginas enviado a este medio, la CCSS cuestiona varios aspectos técnicos y operativos del proyecto, alertando que su implementación podría generar más confusión que soluciones.
“Incide de manera negativa, por cuanto no se encuentra bien delimitado el beneficio a otorgar, se desconoce si se trata de una licencia o un permiso con goce de salario”, señala la institución. “Adicionalmente, genera una expectativa de otorgamiento de reposo 1 día al mes a personas menstruantes a quienes un médico les certifique el requerimiento, siendo esto de gran confusión”, expresa la respuesta de la CCSS.
Actualmente, la Caja ya cuenta con mecanismos establecidos para el abordaje médico de síntomas menstruales incapacitantes. Según su criterio técnico, el nuevo proyecto duplicaría procesos y podría incluso reforzar estereotipos de género, en lugar de superarlos.
La Gerencia Médica de la institución recibió una recomendación explícita: no apoyar la iniciativa.
“Se recomienda a la Gerencia Médica no apoyar el proyecto por cuanto es un tema que ya la institución contempla y la creación de un nuevo beneficio, con la delimitación incorrecta, podría incurrir en el reforzamiento de roles de género equivocados en la población”.
El proyecto contempla que tanto trabajadoras como estudiantes puedan ausentarse de sus funciones o clases si presentan síntomas severos vinculados con su menstruación, siempre con respaldo médico. Sin embargo, la Caja advierte que esto podría tener implicaciones económicas y operativas no contempladas.
“De acuerdo con los criterios técnicos expuestos, el proyecto se percibe como inviable, ya que su implementación y una posible interpretación errónea podrían llevar a la institución a asumir costos asociados con una licencia diferenciada para las personas trabajadoras, incluso del sector privado”.
Aunque el Frente Amplio defiende la propuesta como una forma de visibilizar una problemática que afecta el rendimiento académico y laboral de muchas personas. La Caja expresó que este proyecto es inviable.
