La decisión del Gobierno de destituir a la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica generó fuertes críticas por parte de distintos sectores de oposición, que califican la medida como una intervención indebida del Poder Ejecutivo en una entidad autónoma.
La remoción de los miembros de la Junta fue anunciada tras la conclusión de un procedimiento disciplinario liderado por el primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner Neibig. Según el Ejecutivo, se detectaron irregularidades en el proceso de nombramiento de la Gerente General del banco, Rosaysella Ulloa Villalobos, al que se calificó como “poco transparente y apurado”.
En medio del anuncio, el Gobierno también comunicó que los nuevos integrantes de la Junta fueron designados de forma temporal, mientras se realiza un concurso público para completar los nombramientos definitivos.
Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Monserrat Ruiz, cuestionó con dureza la legalidad de la decisión:
“Esta intervención del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva del Banco Nacional es absolutamente ilegal”, expresó.
También su compañera de bancada, Andrea Álvarez Marín, acusó al presidente Rodrigo Chaves de actuar movido por intereses personales:
“El Presidente de la República cuestionó el nombramiento de la Gerente General, no porque le interese el banco ni su gestión, sino porque quería que le nombraran a uno de sus amigotes. Como no se nombró a quien quería, se enojó con la Junta y pidió investigarlos”, afirmó.
El procedimiento que derivó en la destitución fue presentado por el vicepresidente Brunner ante el Consejo de Gobierno, órgano que finalmente avaló la separación de los directivos. La administración justificó la acción como necesaria para garantizar transparencia en el manejo del banco estatal más grande del país.
