Un grupo de organizaciones civiles, en su mayoría conformadas por padres y madres de familia, se reunieron recientemente con la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, para manifestar su oposición a la intención de reinstalar el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral (PASI) en el sistema educativo costarricense, como lo pidió la Defensoría.
La reunión se dio en respuesta a una investigación de oficio iniciada por la Defensoría contra el Ministerio de Educación Pública (MEP), luego de que el Consejo Superior de Educación eliminara el programa PASI a inicios de este año. La decisión se formalizó a través del Oficio 04442-2025-DHR, emitido por la Defensoría el pasado 30 de abril, en el que se recomienda al MEP reactivar el programa.
“La señora Defensora se oponía rotundamente a que se elimine dicho programa y recomienda, casi ordena, al MEP que lo reactive y reinstale de nuevo”, expresó el abogado Raúl Escalante, quien participó en la reunión.
Desde la perspectiva de las organizaciones conservadoras, esta decisión representa un retroceso en el debate educativo. Según Escalante, “se le expuso de manera técnica, jurídica, con un perfil científico y psicológico, lo pernicioso que es ese programa PASI y lo inconveniente que es para los jóvenes”.
Las críticas también aluden al hecho de que el programa, introducido en 2012 bajo la gestión de Leonardo Garnier y reformado en 2017 por Sonia Marta Mora, nunca logró una aceptación amplia entre la comunidad educativa. “El programa fue calificado en enero pasado por un miembro del Consejo Superior de Educación como ‘una brasa caliente en las manos para los docentes’”, agregó Escalante.
En la misma línea, la exdiputada Shirley Díaz, actual presidenta del Frente Nacional por la Vida y también presente en la reunión, afirmó: “La Defensora nos expresó que está interesada en que tengamos un programa que los padres puedan ver y donde se reflejen los principios y valores costarricenses. Creemos que eso es muy positivo; la Defensoría tiene la visión clara y nos escuchó abiertamente”.
Finalmente, el grupo anunció que continuará sus acciones y que buscará apoyo en la Asamblea Legislativa.
“Iremos a solicitar a los diputados que, el próximo miércoles 2 de julio, cuando la Defensora presente su informe de labores, haga referencia expresa a nuestra oposición y solicitud para evitar la reinstalación del PASI”, concluyó Escalante.
Impact Channel solicitó respuesta de la Defensoría, pero nos expresaron que estuvo complicado y no se pudo dar la respuesta al cierre de esta nota.
