El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio curso este viernes a un recurso de amparo electoral presentado por el primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, y ordenó al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, referirse a los hechos denunciados en un plazo de tres días hábiles.
Brunner presentó el recurso tras considerar que la decisión del Congreso de postergar la tramitación de su renuncia vulnera sus derechos político-electorales, ya que tiene aspiraciones de postularse en las elecciones de 2026. Según su alegato, entregó su dimisión el pasado 30 de julio, con efectos a partir del 1.º de agosto, pero Arias indicó que esta sería conocida hasta el lunes 4 de agosto y sometida a votación del Plenario.
El TSE, además de solicitar explicaciones al presidente legislativo, ordenó como medida cautelar que la renuncia de Brunner sea incluida en el orden del día del Plenario del lunes 4 de agosto, invocando el artículo 230 del Código Electoral. La instrucción del expediente recayó en el magistrado Héctor Fernández Masís.
El tema ha generado una controversia constitucional y política en la Asamblea Legislativa. Arias defendió su decisión afirmando que, según el artículo 121 inciso 8 de la Constitución Política, la renuncia de un vicepresidente debe ser “conocida”, es decir, sometida a votación del Congreso.
No obstante, la diputada oficialista Pilar Cisneros refutó esa interpretación, citando precedentes del propio TSE, como las renuncias de Laura Chinchilla y Kevin Casas, en las que se determinó que se trata de actos unilaterales que no requieren aprobación legislativa para surtir efectos.
El debate ha provocado posturas encontradas en el Plenario. Algunos legisladores, como Oscar Izquierdo (PLN) y Alejandro Pacheco (PUSC), pidieron más tiempo para revisar el procedimiento. Por su parte, Rocío Alfaro (Frente Amplio) cuestionó el posible uso político del trámite en función de aspiraciones personales.
El pasado jueves, la carta de renuncia fue leída desde una curul, pero no se tramitó formalmente debido a la falta de quórum y a que ya se había cumplido el horario reglamentario.
Ahora, será el TSE quien deberá determinar si el accionar del Congreso constituye una vulneración a los derechos de participación política del vicepresidente saliente.
